Los bienes confiscados a personas que cometan delitos tipificados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, deben ser divididos entre los sectores de la procuración de justicia, salud (por prevención y combate a las adicciones), deporte e impartición de justicia.
Hay que dar una definición de ´tortura´ en el Código Penal Federal. Esta no incluirá los dolores o sufrimiento que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas.
Cuando se trata de un delito de trata de niñas, niños y adolescentes, la pena se debe aumentar en una mitad.
Personas que realicen actividades de organización y promoción en precampañas y campañas de precandidatos y candidatos deben ser vistas como funcionarios partidistas. Hay que sancionar a las personas que cometen delitos electorales.
Comisiones
Sin Votación
Hay que crear una nueva ley que reconoce los derechos y deberes de las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos.
Se debe garantizar y proteger el derecho a la libertad de los ciudadanos. Hay que prevenir las desapariciones forzadas de las personas e investigar las desapariciones forzadas que son obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización o la aprobación del Estado.
Se debe crear una ley que promueve y regula los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como a los Centros de Justicia Alternativa (Penal), que brinden estos servicios a la población y las actividades que en ellos se desarrollen.
Hay que armonizar diversos ordenamientos jurídicos relativos a la organización de la Fiscalía General de República (FGR) con la Constitución.
Se debe amnistiar a todas las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los tribunales federales por delitos cometidos con motivo de los hechos de violencia suscitados el 12 de junio de 2000, en los municipios Simojovel y El Bosque del estado de Chiapas.
Nulidad de elección de Presidente
El rebase del tope de gastos de campaña, establecidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, debe ser considerado como causa de nulidad de la elección de Presidente. El plazo para presentar los informes finales de campaña debe ser de 30 días.
