El cuento (parlamentario) de las comisiones especiales para la rendición de cuentas

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Es siempre una buena noticia cuando las y los diputados cumplen con su mandato. Como sabemos, entre las funciones principales del Poder Legislativo está la de controlar al Poder Ejecutivo, es decir, solicitar información, explicaciones y justificaciones sobre sus acciones, decisiones y actos en general.

El equilibrio de poderes en las democracias se fortalece cuando cada uno de ellos ejerce sus funciones. En ese sentido, la integración de comisiones especiales en la Cámara de Diputados para investigar asuntos de preocupación de interés nacional, es una facultad conveniente para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo. De igual forma, que estas comisiones logren los objetivos para las que se crearon significa, entre otros asuntos, que cuenta con las capacidades institucionales para su funcionamiento. Sin embargo, esta efectividad resulta inacabada cuando no hay consistencia en las decisiones y acciones de los representantes.

En el primer día de trabajo del último periodo de sesiones de esta legislatura, la Comisión Especial de Seguimiento al Ejercicio de Recursos Federales que se Destinen o se hayan Destinado a la Línea 12 del Metro presentó en el Pleno un informe preliminar de las actividades y análisis que realizaron. Aunque el contenido merece análisis, interesa sobre todo la forma porque es ilustrativa de las contradicciones en el funcionamiento de la Cámara de Diputados.

Los procesos de licitación, construcción, etc. deben vigilarse e investigarse si hay sospecha de corrupción o, al menos, cuestionamientos sobre el proceso de toma de decisiones. Como sabemos, el Poder Legislativo tiene la facultad y la obligación de ejercer control sobre el Poder Ejecutivo, aun cuando la mayoría legislativa sea del mismo grupo o partido político del Presidente. Por supuesto, esto es infrecuente. Generalmente hay una intencionalidad política detrás de la formación de las comisiones especiales: resulta que hay casos que se investigan y otros que no, sin que sepamos realmente cómo se sostienen los argumentos que permiten a las y los diputados decidir cuáles son de interés público y cuáles no.

Por ejemplo, a pesar de que diputados de los grupos parlamentarios del PAN y el PRD, en noviembre del año pasado, propusieron la creación de una comisión especial para investigar la relación particular entre Grupo Higa y el presidente Enrique Peña Nieto, la Junta de Coordinación Política rechazó la propuesta aduciendo que había ya demasiadas comisiones de este tipo. Cuesta trabajo creer que, para la Cámara de Diputados, la razón fundamental para evitar la investigación de este asunto sea la racionalidad administrativa.

Un problema adicional es que, aun con una Comisión, no habría certeza de la intención de sus objetivos de trabajo. Por ejemplo, existe ya una Comisión para investigar el proceso de licitación del Tren México-Querétaro, pero no hay información más que la de quienes la integran. Por un lado, se reconoce la importancia de investigar el asunto. Por el otro, sin embargo, no se publica la información sobre las actividades, hallazgos y resultados de la Comisión, por lo que no puede evaluarse si su creación sirve para analizar el proceso de licitación o para evitar que se conozca.

De nuevo, remitimos esta decisión a la serie de acciones que, en los meses recientes, tienen como consecuencia profundizar la desconfianza en las instituciones, en la clase política en su conjunto, y en las y los políticos, como si no hubiera distinciones importantes entre partidos y poderes. Uno de los elementos indispensables para confiar en las instituciones es que consigan los objetivos para los que se crearon. Pero esta eficacia procedimental o técnica es insuficiente: también es necesario que haya consistencia en los resultados, y se apeguen a principios de legalidad, justicia, pluralidad y transparencia.

Si buscamos fortalecer realmente la institucionalidad democrática, que un grupo político tenga la mayoría no debería implicar, en automático, la captura de la institución. El mensaje, directa o indirectamente, es que se busca proteger al Presidente, al evitar cualquier posibilidad de exposición, sin proveer de información ni argumentos que le ayuden a recuperarse del descrédito.

(Publicado originalmente en Animal Político: http://bit.ly/1MmXR9I, 6 de febrero de 2015.)