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Para que el Poder Legislativo en México nos tome en cuenta

(Publicado originalmente en: http://bit.ly/pub23abr)

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil – entre ellas Fundar, Centro de Análisis e Investigación, – presentó el “Diagnóstico de Parlamento Abierto en México”. Se trata de una revisión de todo el Poder Legislativo mexicano: los congresos estatales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las Cámaras de Diputados y Senadores.

El objetivo de este ejercicio es identificar cuál es la situación de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el uso de las tecnologías en el Poder Legislativo para buscar mejorar, implementar o cambiar las condiciones que no funcionan para acercar a la ciudadanía y facilitar su participación en la toma de decisiones.

Los resultados, en general, son negativos. Esto significa que las instituciones legislativas en México no son realmente abiertas, entre otras razones, porque no incluyen a los ciudadanos en la toma de decisiones, no informan apropiadamente de sus actividades y funciones, no justifican por qué votan ciertas leyes y no usan la tecnología para interactuar con la ciudadanía.

Por ello, lo que esperamos que suceda, a partir del Diagnóstico, es que haya congresos que tomen nota de los resultados del diagnóstico y la forma en que eso afecta su imagen y su desempeño. Para ello, además, también necesitamos más organizaciones y ciudadanos interesados impulsar esta iniciativa como un elemento de control ciudadano sobre las instituciones y los servidores públicos.

Es muy importante que las y los ciudadanos ejerzamos nuestro derecho a intervenir en las decisiones que toman nuestros representantes porque lo hacen en nuestro nombre y no siempre parece así. Hay que reconocer que en nuestra sociedad hay intereses y formas de pensar distintas, a veces opuestas, y que todas deben tener representación en los Congresos porque para eso se crearon.

El problema es que los diputados – locales y federales – o los senadores no informan realmente cómo le hacen para resolver esas contradicciones y, además, muchas veces parece que esas decisiones los benefician sólo a ellos, como cuando se asignan recursos para las Cámaras o los Congresos y no justifican su gasto. Es por ello que a la mayoría de las personas les parece que la democracia podría funcionar sin el Poder Legislativo.

Por lo anterior, hay organizaciones que se dedican a monitorear a las instituciones legislativas. Algunas de ellas se fijan más en los representantes de forma individual, otras en el gasto, o en la elaboración de leyes y su contenido. Lo que debemos buscar también es que esos esfuerzos no se queden aislados para poder abrir los congresos integralmente.

Por supuesto, también debemos fijarnos en quién votamos para ocupar curules. Vale la pena investigar acerca de la trayectoria, los intereses, la forma de pensar y las posturas de quienes son candidatos en este periodo electoral en el que se renovarán varios congresos locales y la Cámara de Diputados.

Una herramienta de información y que sirve para la participación ciudadana es Voto Informado, la plataforma que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, junto con otras organizaciones y personas desarrolló para identificar a las y los candidatos a diputados federales. De nuevo, lo que importa es contar con toda la información disponible para elegir a quienes consideremos más afines con nuestras posiciones y que puedan, una vez elegidos, ayudar a que nuestras inquietudes, preocupaciones y exigencias se tomen en cuenta.

Fuente: Excélsior (14 de marzo de 2015).

Diagnóstico de Parlamento Abierto en México

Consulta el Diagnóstico de Parlamento Abierto.

Cuando finalmente se aprobó la Ley General de Transparencia en el Senado, cuando la discusión ya estaba en el Pleno, los senadores decidieron que tenían que incluir una disposición que les permita poner en práctica las disposiciones a las que les obligará la nueva Ley.

Esto puede tener dos lecturas: por un lado, el reconocimiento de la necesidad de adaptar la administración general de las Cámaras para ser más transparente pero, por el otro, la confirmación de que, en México, el Poder Legislativo sigue aplazando el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

Desde hace varios años, desde el lado de sociedad civil comenzamos a notar este incumplimiento. Por ejemplo, al intentar conseguir las propuesta de dictamen de iniciativas que nos interesaba conocer para incidir en su contenido; incluso para conocer el lugar y la hora de las reuniones de comisiones. Ni hablar cuando solicitamos las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales.

Que el Poder Legislativo rinda cuentas y ofrezca espacios para incluir la participación ciudadana en sus funciones es una exigencia de muchos años y que tiene el sustento de la experiencia de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil con las y los representantes, lo que nos ha llevado a identificar la necesidad de que la apertura parlamentaria sea una condición habitual del desempeño legislativo.

Es por ello que hace más de un año doce organizaciones comenzamos con la idea de formar una ‘Alianza para el Parlamento Abierto en México’. Para ello, consideramos indispensable contar con una fotografía inicial del estado de la apertura parlamentaria. Nos dimos cuenta de que era necesario identificar cuáles son las condiciones específicas que queremos cambiar y decidimos que ese diagnóstico tendría que ser nuestro instrumento.

Juntamos no sólo a las personas, sino nuestros recursos, capacidades, experiencias y conocimientos y comenzamos a elaborar el diagnóstico que presentamos hoy. El ‘Diagnóstico de Parlamento Abierto en México’ comienza con diez principios: 1. Derecho a la Información; 2. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas; 3. Información Parlamentaria; 4. Información Presupuestal y Administrativa; 5. Información sobre Legisladores y Servidores Públicos; 6. Información Histórica; 7. Datos Abiertos y no propietarios; 8. Accesibilidad y Difusión; 9. Conflictos de Interés; 10. Legislan a favor de Gobierno Abierto.

A su vez, los principios se desglosan en 95 variables, que son las que nos permitieron evaluar las prácticas y las instituciones legislativas del país. Menciono muy de pasada algunos de nuestros hallazgos (porque otras organizaciones los explicarán mejor):

  • La mayoría de las instituciones legislativas no ofrecen información de forma regular, con la claridad suficiente, sobre su quehacer, específicamente el proceso de elaboración de leyes y, sobre todo, acerca del trabajo en las comisiones .
  • La mayoría de las instituciones legislativas no publican el sentido del voto. ¿Cómo saber si nuestros representantes trabajan para mejorar nuestras condiciones de vida y para garantizar nuestros derechos si no podemos saber siquiera cómo votan las leyes?
  • Prácticamente ninguna institución utiliza formatos abiertos. Las instituciones legislativas en México desaprovechan las nuevas tecnologías para mejorar la rendición de cuentas, impulsar la participación ciudadana y, en última instancia, fortalecer el vínculo entre representantes y representados.
  • No es noticia ya decir que no conocemos la información presupuestaria de las instituciones legislativas. Sin duda es uno de los grandes retos en materia de transparencia es conocer a detalle las cuentas de los órganos legislativos para saber si sus gastos son justificados.
  • En el mismo sentido, tampoco se publica información de los representantes en lo individual, sobre sus actividades legislativas ni, principalmente, sobre sí situación patrimonial o sus intereses privados.

Seguramente habrá instituciones legislativas interesadas en este trabajo. Hubo ya ejemplos de ello, acercamientos entre Congresos y organizaciones, mesas de trabajo. Incluso está firmado un acuerdo para la formación de la Alianza para el Parlamento Abierto. Nos interesa, por supuesto, que no se trate solamente de retórica sino de acuerdos concretos de trabajo colaborativo.

Nuestra insistencia en que los parlamentos se abran tiene como fundamento ulterior tener una mejor democracia: incluyente y equitativa. Parlamento Abierto no es sólo un fin por sí mismo sino un medio para mejorar la relación entre representantes y representados con la idea de que ello contribuirá a mejorar la vida de las personas.

Fuente del cartón: Excélsior (14 de marzo de 2015).

Preocupación 8+1

#8+1 ¿Qué propone el dictamen de la Ley General de Transparencia sobre declaraciones patrimoniales?

Vota y opina en http://curul501.org/preocupacion/81-declaraciones-patrimoniales/

Con la redacción que se propone en el dictamen, el acceso a una versión pública de las declaraciones patrimoniales se permitirá sólo si el servidor público lo autoriza. De esta forma no podremos conocer la situación patrimonial de los servidores públicos y si corresponde con su nivel de ingresos. Tampoco podremos prevenir o detectar los conflictos de interés.

Esta propuesta también contraviene los avances que ya hay en las leyes de transparencia de algunos estados, como Chihuahua, Aguascalientes o Coahuila, y las Convenciones internacionales contra la corrupción que firmó el Estado mexicano.

La redacción que propone el dictamen es la siguiente:

Capítulo II
De las obligaciones de transparencia comunes

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable;

 

 

¿Cómo se regula la publicidad de las declaraciones patrimoniales internacionalmente?

Preocupación 8+1

Los Estados integrantes de la OEA crearon el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), para monitorear la aplicación de las disposiciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), “mediante un proceso de evaluaciones recíprocas y en condiciones de igualdad, en donde se formulan recomendaciones específicas con relación a las áreas en que existan vacíos o requieran mayores avances”.  Entre las recomendaciones del último informe para México, está la de “regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad de las declaraciones patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, con sujeción a la Constitución y a los principios establecidos en las leyes”, lo cual se había establecido ya desde la primera ronda de evaluación (MESICIC, 2012). De hecho, la misma recomendación aparece en los cuatro informes sobre la implementación de las disposiciones de la Convención.

Consulta el documento completo: Fundar. Declaraciones patrimoniales: derecho internacional.

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El cuento (parlamentario) de las comisiones especiales para la rendición de cuentas

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Es siempre una buena noticia cuando las y los diputados cumplen con su mandato. Como sabemos, entre las funciones principales del Poder Legislativo está la de controlar al Poder Ejecutivo, es decir, solicitar información, explicaciones y justificaciones sobre sus acciones, decisiones y actos en general.

El equilibrio de poderes en las democracias se fortalece cuando cada uno de ellos ejerce sus funciones. En ese sentido, la integración de comisiones especiales en la Cámara de Diputados para investigar asuntos de preocupación de interés nacional, es una facultad conveniente para limitar la discrecionalidad del Ejecutivo. De igual forma, que estas comisiones logren los objetivos para las que se crearon significa, entre otros asuntos, que cuenta con las capacidades institucionales para su funcionamiento. Sin embargo, esta efectividad resulta inacabada cuando no hay consistencia en las decisiones y acciones de los representantes.

En el primer día de trabajo del último periodo de sesiones de esta legislatura, la Comisión Especial de Seguimiento al Ejercicio de Recursos Federales que se Destinen o se hayan Destinado a la Línea 12 del Metro presentó en el Pleno un informe preliminar de las actividades y análisis que realizaron. Aunque el contenido merece análisis, interesa sobre todo la forma porque es ilustrativa de las contradicciones en el funcionamiento de la Cámara de Diputados.

Los procesos de licitación, construcción, etc. deben vigilarse e investigarse si hay sospecha de corrupción o, al menos, cuestionamientos sobre el proceso de toma de decisiones. Como sabemos, el Poder Legislativo tiene la facultad y la obligación de ejercer control sobre el Poder Ejecutivo, aun cuando la mayoría legislativa sea del mismo grupo o partido político del Presidente. Por supuesto, esto es infrecuente. Generalmente hay una intencionalidad política detrás de la formación de las comisiones especiales: resulta que hay casos que se investigan y otros que no, sin que sepamos realmente cómo se sostienen los argumentos que permiten a las y los diputados decidir cuáles son de interés público y cuáles no.

Por ejemplo, a pesar de que diputados de los grupos parlamentarios del PAN y el PRD, en noviembre del año pasado, propusieron la creación de una comisión especial para investigar la relación particular entre Grupo Higa y el presidente Enrique Peña Nieto, la Junta de Coordinación Política rechazó la propuesta aduciendo que había ya demasiadas comisiones de este tipo. Cuesta trabajo creer que, para la Cámara de Diputados, la razón fundamental para evitar la investigación de este asunto sea la racionalidad administrativa.

Un problema adicional es que, aun con una Comisión, no habría certeza de la intención de sus objetivos de trabajo. Por ejemplo, existe ya una Comisión para investigar el proceso de licitación del Tren México-Querétaro, pero no hay información más que la de quienes la integran. Por un lado, se reconoce la importancia de investigar el asunto. Por el otro, sin embargo, no se publica la información sobre las actividades, hallazgos y resultados de la Comisión, por lo que no puede evaluarse si su creación sirve para analizar el proceso de licitación o para evitar que se conozca.

De nuevo, remitimos esta decisión a la serie de acciones que, en los meses recientes, tienen como consecuencia profundizar la desconfianza en las instituciones, en la clase política en su conjunto, y en las y los políticos, como si no hubiera distinciones importantes entre partidos y poderes. Uno de los elementos indispensables para confiar en las instituciones es que consigan los objetivos para los que se crearon. Pero esta eficacia procedimental o técnica es insuficiente: también es necesario que haya consistencia en los resultados, y se apeguen a principios de legalidad, justicia, pluralidad y transparencia.

Si buscamos fortalecer realmente la institucionalidad democrática, que un grupo político tenga la mayoría no debería implicar, en automático, la captura de la institución. El mensaje, directa o indirectamente, es que se busca proteger al Presidente, al evitar cualquier posibilidad de exposición, sin proveer de información ni argumentos que le ayuden a recuperarse del descrédito.

(Publicado originalmente en Animal Político: http://bit.ly/1MmXR9I, 6 de febrero de 2015.)